viernes, 30 de septiembre de 2011

Alvaro Colom 2008/2012

El proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el año fiscal 2012 contempla un gasto público por un monto de Q59 millardos 547.4 millones, cerca de Q5 millardos más que el que se está ejecutando este año. En dicho proyecto se contempla la contratación de nueva deuda pública por Q12.225 millardos y la amortización de deuda pública flotante (no autorizada) que no canceló el actual Gobierno. El proyecto presupuestario también asume una recaudación adicional de   Q800 millones proveniente de la aprobación de la denominada “Ley Antievasión II”, elaborada por el grupo de “militantes tributarios” enquistado en el actual gobierno y cuyas deficiencias jurídicas y técnicas son graves y notorias, por lo que antes de su discusión por el Congreso debe ser revisada a fondo por un equipo de expertos.
Esto evitará su inminente impugnación ante la Corte de Constitucionalidad y demás tribunales. El monto del proyecto del nuevo presupuesto estatal y su financiamiento pone de manifiesto que detrás del desbordado endeudamiento público durante los últimos tres años del régimen de Álvaro Colom, así como del aumento significativo de la deuda pública flotante, estaba dejar al nuevo Gobierno sin posibilidad de contratar más deuda para sufragar gasto público y que forzosamente tuvieran que aumentarse los impuestos. ¡Vaya perversión!
Por supuesto, de transparencia, de rendición de cuentas, del desmantelamiento del sistema paralelo de gasto público (fideicomisos, fondos, ONG, etcétera), de disciplina fiscal y equilibrio presupuestario, de calidad de gasto público, de desburocratización y de austeridad ni media palabra dice el actual régimen. Siguen pensando los populistas que hay que seguir gastando a manos llenas y que el nuevo Gobierno continúe con la “danza de los millones” que caracterizó a la administración de Colom, ahora a costa de nuevos impuestos. Durante el régimen de Colom casi se duplicó la deuda pública interna del Estado, aumentó la deuda pública flotante a niveles desconocidos y la deuda pública externa se incrementó en un 30 por ciento. Eso sí el 80 por ciento de los contratos de obra pública se adjudicaron sin licitación y la ejecución de gasto público vía fideicomisos y ONG (no fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas) se duplicó.
Por tanto, antes que nada deben diseñarse e implementarse políticas públicas de transparencia, rendición de cuentas, desmantelamiento del sistema paralelo de gasto público, disciplina fiscal y equilibrio presupuestario, desburocratización, calidad de gasto público y austeridad. Asimismo, el nuevo Gobierno debe perseguir a los corruptos hasta debajo de las piedras.

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